Por: Dulce Chahin, Oficial Nacional Programas Salud Sexual y Reproductiva, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y asesora médica de Sanar una Nación
El derecho a la salud aparece no sólo entre los primeros derechos fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también en las constituciones o carta magna de los países. La salud es una de las grandes aspiraciones de la humanidad, consignada además en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de cara al año 2030.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda alcanzar es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”. Lograrlo “exige un conjunto de criterios sociales, entre ellos la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos”. Por esto, la buena salud requiere de personas, servicios, productos, financiación, políticas e información oportuna; y todo debe funcionar al unísono, incluso en momentos de crisis.
Ante la pandemia del coronavirus (COVID-19), los Estados y sus sistemas de salud enfrentan un gran desafío. Las proyecciones oficiales apuntan a una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes en la historia moderna.
La pandemia se encuentra con las dificultades preexistentes de las naciones en materia de salud en una carrera contra el reloj por responder a la crisis y al mismo tiempo mantener en pie los servicios de salud habituales. En tal sentido, es vital asegurar que todas las personas, especialmente las más vulnerables, puedan seguir acudiendo a las consultas, y seguir recibiendo medicamentos e insumos. Es primordial no dejar caer los avances que exhibe República Dominicana: la reducción de la mortalidad materna e infantil, el compromiso del Estado con la salud, a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) al 2030, entre otros. No dejar a nadie atrás, priorizando a las niñas, niños, embarazadas, lactantes y adultos mayores, es un imperativo con más fuerza en este tiempo.
La situación a raíz del coronavirus llama a los sistemas de salud a organizarse y promover una adecuada estrategia de comunicación, lograr una respuesta simultánea a la COVID-19, manteniendo los servicios esenciales de salud. Se debe prestar atención a la población de adultos mayores, a quienes la emergencia sanitaria les limita aún más su interacción, por su alta vulnerabilidad. Debe ser priorizada la protección de los trabajadores de la salud: médicos, enfermeras y laboratoristas, proveyéndoles equipos de protección personal si están tratando a pacientes con o sin sospecha o confirmación de la COVID-19.
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