SANTO DOMINGO. - La Cámara de Diputados aprobó hoy en segunda lectura el proyecto que impone una tasa fija a las prestadoras telefónicas de 0.02 dólares por cada llamada internacional de voz y de 0.0025 dólares por cada mensaje internacional de texto, recursos que serán destinados a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 9-1-1.
La iniciativa fue acogida por 101 de los congresistas de los Partidos del PLD, y aliados; PRSC; y 37 votos en contra de la bancada del PRM, fija el graven para la ley del Sistema 9-1-1 y deroga la Ley No. 140-13. La iniciativa, que en lo adelante pasa al Senado, es de la autoría del diputado Elías Serulle.
Detalles de la ley
En el artículo 21 se establece una tasa para el desarrollo y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, correspondiente a un monto fijo de US$0.02 o su equivalente en pesos dominicanos, según la tasa establecida por el Banco Central de la República Dominicana al día de la realización de la llamada, por cada minuto de tráfico de voz internacional entrante que termine en sus redes o transitada a las redes de otras prestadoras de servicios de telecomunicaciones.
También se fija un monto de US$0.0025 o su equivalente en pesos dominicanos, según la tasa establecida por el Banco Central al día de la recepción del mensaje, por cada mensaje de texto (SMS) internacional entrante que termine en sus redes.
Según la ley las prestadoras de servicios de telecomunicaciones habilitadas deberán proporcionar al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), las informaciones necesarias para la gestión de sus redes en relación a los servicios de voz y datos, sobre las conexiones de datos SS7 u otro protocolo de comunicación que se pudieren implementar en sus redes.
Asimismo, las telefónicas deberán informar al INDOTEL sobre los datos de tráfico registrados y sobre sus relaciones comerciales con otras prestadoras de servicios de telecomunicaciones locales e internacionales.
La nueva ley establece que el personal de las instituciones de respuesta, siempre que actúe en ocasión de una emergencia autorizada por el Centro de Contacto del Sistema 9-1-1, serán considerados como oficiales públicos, y estarán provistos de un número único de identificación.
El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, en coordinación con el Ministerio Público, es el organismo responsable de la planificación, el diseño e instalación de la red de video vigilancia urbana mediante cámaras de videos, así como la supervisión de las cámaras de seguridad en lugares públicos.
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