SANTO DOMINGO.-Hace casi un año que se implementó la Resolución No. 00011-2018, una iniciativa del Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de Control de Drogas, con la cual se puso en la lista de medicamentos controlados los fármacos de primera línea (opioides), que sirven para tratar dolor crónico.
Con esta medida dichos fármacos no se comercializan bajo receta médica, lo que ha privado de medicación a muchos pacientes que requieren de los mismos para controlar el dolor por tratamientos contra el cáncer, diabetes, hipertensión, deficiencias renales, artritis reumatoide o procedimientos quirúrgicos.
Así lo asegura la doctora Bethania Martínez, presidenta de la Asociación Dominicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor y Cuidado Paliativos, quien asegura que “urge una modificación a esta normativa”, pues pocos médicos están habilitados para expedir receta controlada y esto limita el acceso.
“La nueva medida implementada obstaculiza el acceso a este tipo de medicamentos y tan solo un reducido número de pacientes, víctimas de enfermedades crónicas y/o terminales, consiguen mantener niveles de calidad de vida dignos”, explica.
La doctora también se refiere a desafíos en la distribución, ya que solo 1 mil 317 farmacias cuentan con el certificado de Inscripción de Drogas Controladas Clase B, de las 678 están localizadas en la capital y 183 en Santiago.
La doctora afirma que República Dominicana es uno de los países en América Latina y el Caribe donde los servicios de salud aún ofrecen programas limitados para el cuidado de pacientes con dolencias crónicas.
Exhorta a las autoridades de salud a que permitan un mayor acceso a los medicamentos que forman parte del tratamiento del dolor en el país: “Ver el dolor en el rostro de los pacientes genera mucha impotencia y tristeza. Ante esto, debemos entender que nadie está libre de enfrentar una condición médica que nos exponga a cuadros clínicos donde se precise cuidados especiales y opioides adecuados, esta reflexión la venimos haciendo desde hace meses con las autoridades correspondientes y responsables. Lastimosamente, aún no escuchamos respuesta. Creemos que esto parte de un real desconocimiento de las consecuencias que esta medida trae para la vida de muchas personas”.
Ante un escenario de desabastecimiento en un gran número de farmacias y los nuevos procesos administrativos que la medida impone, el propio sistema promueve la implementación de mecanismos paralelos. Sobre este punto, la doctora Martínez señala “Esta medida claramente perjudica en mayor escala a pacientes de bajos recursos, ya que es elevado el número de profesionales en los sistemas de salud públicos, que no cuentan con la receta especial que la normativa exige. Una realidad que lleva a pacientes a buscar mecanismos alternativos para obtener su medicación, esto lo hemos podido constatar en pacientes que llegan a la asociación dominados por la desesperación”.
Asegura que para cumplir con el tratamiento que requieren este tipo de pacientes, es necesaria la creación de lineamientos que delimiten los protocolos a seguir. Mientras esto se lleva adelante, urge la modificación de Resolución No. 00011-2018 que hoy atenta contra los derechos básicos resaltados en la Constitución, como es garantizar el acceso a una adecuada atención de salud.
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