¿Apoya la Seguridad Social el establecimiento de una Pensión Solidaria?

Artículo de la doctora Raysa Portorreal Romero.

 

Hace diecisiete años que el país tiene una ley homogenizada que vela por la garantía de un sistema de derechos para los ciudadanos, en materia de protección social, la cual aclara de forma amplia los principios fundamentales del sistema, enfocados en la flexibilidad, universalidad, integralidad, unidad, entre otros, esto en lo referente al seguro de salud, vejez, discapacidad, sobrevivencia y riesgos laborales.

 

Pero la pregunta es, ¿cómo apoya este sistema al fortalecimiento de las garantías de derechos para una pensión digna a los ciudadanos trabajadores, que han ayudado en el transcurso de los años a crear un país más próspero y productivo?

 

Lamentablemente debemos estar consientes de una cosa, tenemos un país con un alto porcentaje de personas desempleadas, dato que de acuerdo a las estimaciones del Banco Central para el periodo 2016-2017 llegó a estar en un 18 % de la población con vida productiva, esto considerando el hecho de que más del 58 % de las personas que están actualmente empleadas, lo hacen en tareas y oficios del sector informal.

 

Esto representa un gran rezago para el sistema que tenemos a nivel nacional; esto además de que el 48 % de la población que cotiza en el sistema de capitalización individual que se tiene, a partir de la promulgación de la ley de Seguridad Social, pertenece a la población asalariada que esta en el rango  de ingreso bajo.

 

Con estos datos como referencia, además de que actualmente el porcentaje considerado del salario último devengado corresponde al 22 % del mismo, para la asignación de una pensión, deja al ciudadano dominicano/a con poco margen para los gastos que debe asumir cuando se esta en este ciclo de la vida.

 

Si bien es cierto que una pensión justa y solidaria no resuelve al 100% el problema, la situación se agrava, al considerar el amplio gasto de bolsillo que tiene la población de pensionados del país, de los diferentes sectores, quienes no tienen cubiertos todos los servicios que requieren.

 

Un adecuado sistema de protección social debe garantizar el acceso a una pensión digna, al igual que un seguro por situación de desempleo. Esto mejorando las tendencias y los desafíos que presentan los países de América Latina, donde se evidencia que, de cada 100 trabajadores formales, solamente 45 de estos trabajadores están contribuyendo al sistema de pensiones.

 

Lo que nos lleva a observar en el país, el incumplimiento que se da al artículo 6 de la Ley 87-01, sobre se especifica que el sistema debió considerar la inversión en educación ciudadana en materia de Seguridad Social, esto vinculando los currículos académicos, desde las escuelas públicas, hasta los centros educativos privados, además de las instancias de educación superior.

 

Para aumentar el nivel de participación de los ciudadanos dominicanos/as al sistema de seguridad social, se debe generar una mayor conciencia ciudadana, con la mejora y eficiencia del sistema educativo, lo que se traduce en mejorar el acceso a mejores empleos para la población, disminuir la brecha de género, aumentando la cantidad de mujeres que se insertan en la fuerza laboral, haciendo eco de otras iniciativas que han funcionado en otros países de la región, donde se otorga un apoyo para la “promoción del 1er. Empleo”.

 

Considerar aumentar esa brecha entre el 20- 40% de los trabajadores de ingresos medios que tenemos, quienes no contribuyen al sistema de pensión, se traduciría a largo plazo en un aumento de la población más vulnerable y desprotegida, la cual deberemos asumir sin estar preparados.

 

1. Aumentando la cobertura, definida como la proporción de trabajadores que participan en los esquemas pensionales. 

2. Aumentando la proporción de adultos mayores que reciben algún tipo de pensión solidaria.

 

Sobre este tema, la República Dominicana desde los organismos de regulación nacional para la garantía de la protección al envejeciente, deberá considerar en los próximos años, aumentar la cobertura del programa de asistencia económica a esta población, la cual recibe de manera mensual un monto que oscila entre 400 y 600 pesos para un total de 3,279 personas beneficiarias registradas en el CONAPE, lo que representa apenas el 0.17 % de la población mayor de 65 años con garantía de protección social en el país.

 

El reto no es la inscripción de una mayor cantidad de beneficiarios en los programas sociales, es que dichos beneficiarios reciban servicios que se traduzcan en mejoras de la calidad de vida.