SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA), el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) y la UNODC presentaron este jueves la conferencia sobre “Políticas de Drogas, el VIH, y los Derechos Humanos “, con el objetivo de impulsar el enfoque de salud y derechos humanos en la respuesta nacional a las drogas, para que exista un cambio en las políticas públicas que posibiliten un ambiente libre de discriminación y basado en los derechos humanos para todos, incluidas las personas con adicción.
El doctor Víctor Terrero director ejecutivo de CONAVIHSIDA explicó que de acuerdo a los datos de ONUSIDA, los usuarios de drogas inyectables que viven con la condición de VIH tienen un 22% más posibilidades de contraer el virus, por su condición de usuarios de sustancias que muchas veces les lleva a compartir agujas, jeringas y otros suministros para inyección.
Afirmó que uno, de cada diez diagnosticados con VIH en países desarrollados tiene VIH y que las formas de transmisión en personas que se inyectan drogas son por compartir agujas y relaciones sexuales sin protección.
Puntualizó que además de no poder acceder a tiempo a los servicios de salud, los usuarios de drogas inyectables tienen que sortear otras dificultades como son que menos del 30% conoce su condición serológica y un 33% es víctima de violencia y un 50 % sufre arrestos injustificados.
El doctor terrero destacó además que los usuarios de drogas padecen una prevalencia de sífilis que afecta entre un 5.2 % y un 12 % de esa población.
En este sentido el señor Santos Rosario director del COIN informó que un 5% de la población que tiene VIH son usuarios de drogas.
Destacó la necesidad de que en el país se desarrollen políticas públicas de seguimiento y ampliar los centros de atención a las personas que consumen drogas.
Asimismo el señor Mauricio Ramírez coordinador residente del sistema de Naciones Unidas (NU) explicó que lo que ha hecho Naciones Unidas a través de una sección especial de la Asamblea General de Naciones Unidas es profundo en un proceso de análisis con evidencia científica sobre los efectos de la droga y los factores fundamentales para una política pública mucho más integral y efectiva de lucha en contra de este flagelo que está devastando la sociedad.
“No se trata de criminalizar, penalizar y desarrollar políticas que desconozcan los derechos humanos”, dijo.
Enfatizó en que es un factor fundamental desarrollar políticas públicas integrales y humanizadas para responder efectivamente a la lucha contra las doctas.
Durante la actividad se desarrollaron paneles basados en Políticas de drogas y el derecho de acceso a la justicia, Los objetivos de desarrollo sostenible y derechos humanos en las políticas de drogas, Transformando las opciones de tratamiento – el derecho a la salud y educación en drogas y Políticas y cómo reducir sus riesgos y daños.
Por: Viannelys Alcántara.
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