Por. Angelina Sosa, Psicóloga clínica, salubrista. Directora del Instituto de Salud Mental y Telepsicología
En ocasiones vemos cómo las personas con enfermedad mental deambulan por las calles, sucios, descalzos, en situación de peligro para sí mismo o los demás. También encontramos personas con enfermedades mentales encerrados en sus hogares, sin recibir atención médica adecuada, en condiciones de insalubridad evidente y sin poder participar de una vida pública como lo haría cualquier persona.
Ver una imagen de un ser humano encerrado en condiciones inhóspitas e infrahumanas es una muestra evidente de la necesidad de proteger los derechos de todas las personas, en especial de los más desprotegidos, que son las personas con enfermedad mental.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 1948, señala de manera tácita que toda persona debe tener oportunidad de acceso a los servicios de salud, a tener una vida digna y a recibir un trato propio de un ser humano.
Basado en la Declaración de los Derechos Humanos, desde el enfoque de salud, se debe gestionar para que las personas con enfermedad mental puedan tener acceso a los servicios sanitarios, pero también que puedan desarrollar actividades tan cotidianas de la vida como cualquier otra persona, ejemplo de esto es el derecho a votar o a transitar libremente por las calles como cualquier otro ciudadano.
Algunas de las prácticas exitosas en otros países de la región incluyen el desarrollo de servicios comunitarios de salud mental, acercando la asistencia a las personas y disminuyendo los gastos de las familias, e incrementando las posibilidades de que las personas con enfermedad mental puedan tener una vida digna en sus comunidades.
Las ventajas de mejorar los servicios de atención a la salud mental desde la misma comunidad son enormes, pues acercar el bienestar de las personas a sus espacios comunitarios disminuye los grandes costos de salud por asuntos de hospitalización, disminuye los gastos de bolsillo, se fortalece la red de atención primaria, se promueven las acciones de salud colectiva, se incentiva el liderazgo local, mejora la capacidad de las instituciones comunitarias, y se fortalece el marco legislativo nacional con el cumplimiento de los Derechos Humanos de todos los ciudadanos.
Es el momento de implementar acciones que reflejen una sociedad que respeta y se preocupa por su gente, que se desarrollen acciones para promover y proteger los derechos de las personas con trastornos mentales, y que ya sus derechos no sean más violados.
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