SANTO DOMINGO.- La coordinadora de la Alianza por el Derecho a la Salud, Alba Reyes, lamentó que a pesar de la crisis sanitaria la inversión estatal en salud se mantiene por debajo del 2 por ciento del Producto Interno Bruto, cuando se debería invertir al menos un 5 por ciento.
De acuerdo con Reyes, muchas muertes por COVID-19 pudieron evitarse si el sistema sanitario hubiese respondido de forma adecuada.
Reyes afirmó que “urge” una reforma al sistema de salud “centrado en las personas, con un enfoque de derecho y que privilegie la atención primaria, la prevención de enfermedades y la promoción de una vida saludable”.
Advirtió que para esto se necesita la participación del pueblo, pero las autoridades menosprecian la participación civil en la gestión sanitaria.
A propósito de un panel que realizó la organización, Reyes dijo que procurará por todos los medios democráticos que se garantice el derecho a la salud.
En el panel los doctores Onofre Rojas y Mirna Jiménez explicaron que la pandemia de la COVID-19 atrapó al país sin una política de atención primaria, con un Estado fraccionado en doce instituciones de salud, con una débil capacidad de rectoría y con un protagonismo exagerado del negocio de la salud, que excluye de atenciones a la población de menores ingresos. A este cuadro se suma la crisis de los hospitales públicos, donde falta personal, equipos, medicamentos y abunda el caos y las malas prácticas administrativas.
Afirmaron que las ARS, los laboratorios y clínicas privadas se aprovecharon de las debilidades del sector público para sacar ganancias millonarias.
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