El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) calificó como “muy oportuna y beneficiosa” la reciente resolución emitida por el Ministerio de Salud Pública, que establece la implementación del Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional (EFAN).
De acuerdo a la entidad, la entrada en vigor de esta medida contribuirá significativamente a la mejora de la salud pública y a la economía del país, al ser un mecanismo efectivo para la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.
ONPECO considera que, de aplicarse adecuadamente esta resolución, la administración pública podría generar un ahorro considerable, que ascendería a miles de millones de pesos, gracias a la disminución de enfermedades como diabetes, hipertensión, ciertos tipos de cáncer, problemas coronarios y obesidad.
Las enfermedades no transmisibles (ENT) son la principal causa de muerte a nivel mundial. Cada año, 41 millones de personas fallecen a causa de estas enfermedades, de las cuales 5.5 millones pertenecen a nuestra región, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, el último informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) revela que las ENT continúan siendo la principal causa de muerte y discapacidad en América Latina y el Caribe.
La advertencia nutricional contemplada en la resolución de Salud Pública está alineada con las leyes vigentes en la mayoría de los países de la región. Estas leyes promueven el uso de octógonos con advertencias sobre el contenido de sal, azúcar, grasas saturadas y grasas trans en los alimentos.
La disposición tiene como objetivo permitir a los ciudadanos y las ciudadanas ejercer su derecho a conocer los componentes de los alimentos que consumen, identificar cuáles son convenientes para su salud y tomar decisiones informadas. Este derecho también está contemplado en la Constitución de la República.
Desde un punto de vista social, la medida busca aliviar el dilema de muchas personas cuyos ingresos no les permiten cubrir el costo de los medicamentos necesarios para tratar enfermedades crónicas. Para quienes viven con diabetes, hipertensión o cáncer, los costos pueden ser insostenibles, generando verdaderos dramas humanos.
La mejor inversión de un Gobierno es la prevención de enfermedades. Esto no solo evitaría tratar a una población enferma en los hospitales, sino que también garantizaría personas sanas, lo que a su vez repercutirá en una mayor productividad y desarrollo económico para el país.
La resolución está en “vista pública" en la página del Ministerio de Salud hasta el 13 de enero. Para garantizar su éxito, se requiere el apoyo de toda la población, del Gobierno y de otros actores clave, como el sector privado, comprometidos con la responsabilidad social empresarial contemplada en la norma ISO 26000.
El derecho a la salud, además de ser un derecho humano fundamental, es un derecho vinculante con los derechos del consumidor, por lo que, como organización de protección y defensa de la población consumidora, acogemos todas las disposiciones que se comprometan con su cumplimiento.
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