La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre la necesidad de intensificar los esfuerzos globales para frenar la malaria, una enfermedad que sigue siendo una grave amenaza para la salud pública.
De acuerdo a datos de a OMS a pesar de los avances en las últimas dos décadas, en 2023 se registraron aproximadamente 263 millones de casos y 597.000 muertes a nivel mundial, un incremento de 11 millones de casos respecto al año anterior. La mayor parte de las muertes, alrededor del 95%, ocurrieron en la Región de África de la OMS, donde persisten grandes desafíos en el acceso a los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento.
Desde el año 2000, la lucha contra la malaria ha logrado prevenir alrededor de 2.200 millones de casos y 12,7 millones de muertes, lo que demuestra el impacto positivo de las intervenciones. Sin embargo, la situación sigue siendo alarmante, particularmente en África, donde las disparidades en la distribución de recursos y la falta de acceso a herramientas de salud eficaces continúan afectando a las poblaciones más vulnerables.
El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, destacó que “Nadie debería morir de malaria; sin embargo, la enfermedad sigue afectando desproporcionadamente a las personas que viven en la región africana, especialmente a los niños pequeños y a las mujeres embarazadas”.
La OMS también resaltó que pese a esta realidad, varios países han alcanzado progresos significativos. En 2024, 44 países y un territorio han sido certificados como libres de malaria. Además, 25 de los 83 países endémicos han reducido drásticamente la incidencia de la enfermedad, notificando menos de 10 casos al año, un notable aumento respecto a los 4 países que cumplían con esta meta en 2000. En África, desde 2015, la tasa de mortalidad por malaria ha disminuido un 16%, aunque la tasa actual sigue siendo el doble del objetivo global establecido para 2030.
La lucha contra la malaria también ha recibido un impulso con la introducción de nuevas herramientas. En 2024, 17 países han incorporado la vacuna contra la malaria en los programas de inmunización infantil sistemática, lo que se espera que salve decenas de miles de vidas jóvenes cada año. Además, los mosquiteros de nueva generación, que ofrecen una mayor protección frente a los mosquitos resistentes, han comenzado a desplegarse más ampliamente. En 2023, estos mosquiteros representaron el 78% de los 195 millones distribuidos en África subsahariana, lo que indica un aumento importante en su disponibilidad.
Sin embargo, la financiación sigue siendo un obstáculo crucial para avanzar en la lucha contra la malaria. En 2023, los fondos destinados al control de la malaria alcanzaron solo 4.000 millones de dólares, muy por debajo de la meta anual de 8.300 millones establecida por la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria. Esta brecha financiera ha resultado en una cobertura insuficiente de herramientas clave, como mosquiteros tratados con insecticidas y medicamentos esenciales, afectando principalmente a los más vulnerables.
A lo largo de los últimos años, la malaria se ha visto agravada por factores como conflictos, desastres naturales, desplazamientos forzados y el cambio climático. Estos problemas han empeorado las desigualdades en salud que enfrentan las comunidades más afectadas, como las mujeres embarazadas, los niños menores de cinco años, las poblaciones indígenas y los migrantes. A pesar de los esfuerzos, muchos países en áreas endémicas siguen luchando con sistemas de salud frágiles y una vigilancia deficiente, lo que limita la efectividad de las intervenciones.
El Informe Mundial sobre el Paludismo de este año hace un llamado a una respuesta más inclusiva y equitativa para abordar las desigualdades en la lucha contra la malaria. La OMS insta a los países a priorizar la atención primaria de salud y a adoptar estrategias que aborden las causas fundamentales de la enfermedad, como las desigualdades de género y los determinantes sociales de la salud. La inversión en sistemas de datos sólidos también es esencial para monitorear y corregir las desigualdades en la atención sanitaria, asegurando que las personas más afectadas participen en el diseño y evaluación de nuevas herramientas y enfoques.
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