SANTO DOMINGO.-Entre enero y septiembre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) reflejaron ganancias superiores a los RD $3,399 millones, según un informe firmado por Matías Bosch Carcuro y Airon Fernández Gil, de la Fundación Juan Bosch.
El informe “Crisis en el País, Ganancias en las AFP y las ARS” apunta también que entre enero y agosto de 2020 los beneficios de las ARS privadas alcanzaron los RD$2,859 millones, superando los beneficios en años previos.
El informe indica que debido a la Ley 13-20 promulgada en febrero pasado, las AFP tienen una comisión que les asegura ingresos y ganancias mayores incluso si hay crisis.
Las AFP, según el documento enviado por Matías Bosch a este medio, obtuvieron RD $3,399 millones en los nueve meses de este año, superando los RD$2,759 millones de 2018.
De acuerdo con los datos del informe, ambas entidades recibieron ganancias por RD $6,258 millones durante la pandemia Covid-19.
El documento agrega que las ARS también han recibido reembolso con fondos de la Seguridad Social las coberturas en internamiento y pruebas para detectar Covid-19. “Solo por este concepto hasta octubre se les había reembolsado casi 773 millones de pesos, aunque figure como una `cobertura sin costo adicional`”, explican los firmantes.
De acuerdo con Bosch y Fernández, la reforma de febrero fue un “truco”. “Con dicha medida, el Estado liberó a las AFP del dolor de cabeza de los vaivenes del mercado, pero, más allá, las liberó hasta de crisis de la magnitud que se está viviendo actualmente, aun con disminuciones graves de los cotizantes y, por ende, de las cotizaciones”.
“El funcionamiento de esta industria improductiva y sus ganancias residen en que las personas tengan sus derechos recortados a planes, catálogos y cuentas personales, asediados por condicionalidades, y siempre en dependencia de sus propias capacidades personales y familiares, en abierta contradicción con la noción de Derechos Fundamentales, de Seguridad Social y de Estado social y democrático de Derecho”, explicaron.
Los autores señalaron que: “Los parches no valdrán de nada mientras los servicios públicos se sigan deteriorando, y el Estado se mantenga retirado de su rol de garante de derechos, en lo jurídico, lo institucional y lo económico”.
Puede ver el informe aquí.
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