América Latina sigue enfrentando uno de los desafíos más graves en derechos humanos: la violencia machista hacia las mujeres. A pesar de avances en la legislación en países como Chile y México, millones de mujeres sufren a diario violencia física, sexual y psicológica en sus hogares y comunidades, lo que revela una crisis estructural en la región.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2023 se registraron al menos 3.897 feminicidios en 27 países, lo que equivale a 11 mujeres asesinadas cada día por motivos de género. Factores culturales, sociales y económicos perpetúan la desigualdad, dejando muchos de estos crímenes en la impunidad.
El informe de CEPAL coloca a Honduras a la cabeza con la tasa más alta de feminicidios: 7,2 casos por cada 100.000 mujeres. Le siguen República Dominicana (2,4) y Brasil (1,4). Sin embargo, países como Chile, Haití y Guatemala, a pesar de tener cifras aparentemente menores, enfrentan serias deficiencias en el registro de casos, lo que puede subestimar la magnitud real del problema.
Entre el 63% y el 76% de las mujeres en América Latina han experimentado algún tipo de violencia por parte de sus parejas o familiares, de acuerdo con ONU Mujeres. A nivel global, 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física y/o sexual en algún momento de sus vidas.
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentarán el informe “Feminicidios en 2023”, el 25 de noviembre, dando inicio a la Campaña Únete, que busca concienciar y movilizar durante 16 días de activismo.
Chile ha sido uno de los países pioneros en legislar contra la violencia de género. Su marco legal incluye la Ley de Violencia Intrafamiliar (1994), la Ley 20.066 (2005), la Ley Gabriela (2020) y la Ley de Acoso Sexual en Espacios Públicos (2019). Estas normativas buscan ampliar la definición de femicidio y proteger a las víctimas, pero la implementación sigue siendo insuficiente. En 2023, se reportaron 51 femicidios y más de 134.000 denuncias por violencia de género, destacando la necesidad de un enfoque más efectivo y proactivo.
Por su parte, México enfrenta una crisis alarmante. Desde 2015, un promedio de diez mujeres son asesinadas cada día. En 2024, entre enero y septiembre, se contabilizaron 2.624 asesinatos de mujeres, incluyendo 598 feminicidios. A pesar de contar con leyes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) y la tipificación del feminicidio como delito autónomo en 2011, la aplicación de estas normativas sigue siendo un reto debido a la falta de recursos y resistencia institucional.
El impacto de movimientos como “Ni Una Menos” ha sido fundamental para visibilizar la violencia machista en América Latina, exigiendo a los gobiernos medidas concretas y efectivas. A pesar de los avances legales, las respuestas estatales aún no son suficientes para enfrentar la magnitud del problema, generando un sentimiento de frustración entre la sociedad.
La falta de recursos, la corrupción y las resistencias culturales siguen siendo barreras para la plena implementación de las leyes que protegen a las mujeres. Casos recientes han evidenciado la debilidad en la aplicación de normativas, generando dudas sobre los avances logrados en la región.
América Latina necesita una respuesta contundente para enfrentar la violencia de género. Fortalecer los sistemas judiciales, mejorar la capacitación de las fuerzas de seguridad, invertir en programas de educación en igualdad de género y asegurar la rendición de cuentas de los agresores son medidas indispensables para reducir la violencia machista.
El camino hacia la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres requiere un compromiso sostenido de todos los sectores de la sociedad. Solo a través de acciones coordinadas y efectivas será posible construir un entorno seguro y justo para todas las mujeres de la región.
Fuente EFE.
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