El Ministerio de Salud Pública dispuso el cierre de las operaciones de la Fundación Campo Real, ubicada en la comunidad Los Almendros, distrito municipal Sonador, provincia Monseñor Nouel, tras una inspección que evidenció la prestación de servicios de salud sin contar con la habilitación sanitaria requerida por la Ley General de Salud No.42-01 y el Reglamento para la Habilitación de Establecimientos y servicios de salud, decreto 1138-03.
La medida fue adoptada tras una inspección realizada por técnicos de la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud, quienes verificaron que en el lugar se desarrollaban actividades propias de establecimientos de salud, incluyendo alojamiento de pacientes, terapias físicas, orientación nutricional, atención psicológica y seguimiento de usuarios, sin presentar la autorización correspondiente emitida por el Ministerio de Salud Pública.
Al momento de la evaluación también se constató la presencia de pacientes ingresados, así como la ausencia de evidencias que demostraran la existencia de una estructura formal de recursos humanos sanitarios, licencias profesionales, expedientes clínicos, protocolos de atención y otros requisitos establecidos por la normativa vigente.
Los inspectores identificaron además que la atención cotidiana de los usuarios era realizada por personas sin evidencia de formación sanitaria o habilitación profesional para la prestación de servicios de salud.
Asimismo, no fueron presentados documentos que acrediten la habilitación del establecimiento ni registros clínicos de los pacientes atendidos.
El informe técnico concluye que las actividades observadas representan una situación de alto riesgo sanitario y regulatorio, debido a la atención de pacientes sin demostrar el cumplimiento de las condiciones mínimas requeridas para operar como centro de salud.
En cuanto a la denuncia difundida en redes sociales sobre el fallecimiento de una paciente que habría permanecido en el establecimiento, el Ministerio aclaró que la inspección realizada tuvo carácter administrativo y sanitario, por lo que sus resultados no permiten establecer causalidad entre las actuaciones desarrolladas en el centro y el desenlace clínico de la paciente. Cualquier determinación en ese sentido requerirá una investigación clínica, epidemiológica y médico-legal especializada.
Como resultado de los hallazgos, la Dirección de Habilitación dispuso el cierre del establecimiento, medida que permanecerá vigente hasta tanto cumpla con los requisitos establecidos por la normativa sanitaria nacional y las disposiciones emitidas por la autoridad competente.
El Ministerio de Salud Pública reiteró su compromiso de velar por la seguridad de los pacientes y garantizar que los servicios de salud ofrecidos en el país se desarrollen conforme a los estándares de calidad, seguridad y legalidad.
