La Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (SODOCIPRE) fijó su posición ante el fallecimiento de una paciente durante un procedimiento de liposucción realizado en un centro estético no habilitado en la ciudad de Santiago, un hecho que ha generado preocupación en la opinión pública y en el sector salud.
Ante los cuestionamientos de distintos medios de comunicación, el doctor Aniceto Rodríguez Delgado y el doctor Rafael Mirabal, presidente y secretario de la entidad, expresaron su pesar por lo ocurrido y se solidarizaron con los familiares de la víctima.
“En primer lugar, queremos expresar nuestro más profundo pesar por la muerte de esta joven. Nos solidarizamos sinceramente con su familia en este momento de dolor. Como médicos, nada nos duele más que la pérdida de una vida humana en circunstancias que, en muchos casos, son prevenibles”, expresaron.
Los especialistas también se refirieron a las condiciones en que se llevó a cabo el procedimiento, calificando como preocupante la información que ha trascendido públicamente.
“Lo que ha trascendido públicamente es sumamente preocupante. Se trata de un procedimiento realizado en una clínica que no estaba habilitada para este tipo de cirugías y, aún más grave, según lo que ha sido publicado en la prensa, practicado por un médico que no es cirujano plástico y que no pertenece a nuestra sociedad. Esto, lamentablemente, reúne todos los elementos de riesgo que desde hace años venimos denunciando”, puntualizan.
Al abordar si este caso puede considerarse aislado, los representantes de SODOCIPRE fueron enfáticos en señalar que responde a una problemática más amplia dentro del sistema sanitario.
“Definitivamente no. Esto no es un hecho aislado. Es una tragedia anunciada. Desde SODOCIPRE hemos advertido de manera reiterada sobre el impacto negativo del intrusismo y el ejercicio ilegal en cirugía plástica. A través de distintos medios y en diferentes fechas hemos alertado que estas prácticas, por personal no calificado y en centros no habilitados para esos fines, ponen en grave riesgo la salud de los pacientes y generan consecuencias muchas veces irreversibles”, consideraron.
En ese contexto, recordaron que en marzo de 2025 ya se habían emitido alertas públicas sobre el intrusismo en cirugía plástica, mientras que en diciembre del mismo año distintos medios abordaron el tema como un desafío para la República Dominicana, evidenciando la persistencia de esta problemática.
El presidente de SODOCIPRE también señaló que estas situaciones habían sido denunciadas previamente ante las autoridades competentes.
“Nosotros hemos denunciado de manera responsable y documentada la existencia de médicos y centros que operan fuera del marco legal. El año pasado nos reunimos en dos ocasiones con el ministro de Salud Pública para hablar sobre ese tema, esas reuniones motivaron la suspensión de la habilitación de varios centros, por la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud, incluyendo el centro donde ocurrió la tragedia reciente”, agregó.
Asimismo, los directivos recordaron que investigaciones periodísticas recientes han evidenciado las condiciones en las que se realizan estos procedimientos y los riesgos asociados para los pacientes.
“Estas denuncias incluso motivaron investigaciones periodísticas, como la presentada en el reportaje difundido en los programas de investigación El Informe, en enero del 2025 y N- Digital, en marzo 202l, donde se evidencian las pésimas condiciones en que se realizan estos procedimientos y los riesgos a los que estaban expuestos los pacientes y donde se mostró como se pretendía hacer un Curso Ilegal Expreso de Cirugía Plástica.”
Finalmente, enfatizaron que el problema trasciende lo gremial y debe abordarse como una prioridad de salud pública.“El intrusismo no es un tema gremial, es un problema sanitario nacional. La cirugía plástica requiere años de formación especializada, entrenamiento riguroso, actualización continua y la capacidad de manejar complicaciones que pueden poner en peligro la vida. Cuando estas cirugías son realizadas por personas no calificadas o en centros no adecuados, el riesgo aumenta de manera exponencial”, concluyen.
