Por el licenciado Pedro Jiménez, Máster en Derecho Médico y la doctora Togarma Rodríguez, abogada, Ph.D.
La entrada en vigencia de la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana, constituye uno de los acontecimientos jurídicos de mayor trascendencia para el país. Su impacto alcanza múltiples sectores de la vida nacional y plantea importantes retos para las instituciones públicas, privadas y de manera particular, para las organizaciones vinculadas al sistema de salud.
La actividad médica se desarrolla en un entorno caracterizado por la complejidad científica, la toma constante de decisiones clínicas, la utilización de tecnologías especializadas y la interacción permanente entre profesionales, pacientes e instituciones. Esta realidad exige estructuras organizacionales sólidas, protocolos adecuados, sistemas documentales eficientes y mecanismos permanentes de supervisión y control.
En este contexto, la Ley núm. 74-25 incorpora disposiciones que fortalecen la importancia de la responsabilidad, el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos dentro de las organizaciones. Entre los aspectos más relevantes se encuentra el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y el reconocimiento de los programas de prevención y cumplimiento como herramientas relevantes para la gestión institucional de riesgos.
La normativa también reafirma principios fundamentales del derecho penal moderno, entre ellos la responsabilidad personal, la culpabilidad, la proporcionalidad de las sanciones y la necesidad de que toda actuación estatal se encuentre sometida al debido proceso y a las garantías constitucionales.
Desde la perspectiva del sector salud, estos cambios normativos resaltan la necesidad de fortalecer los mecanismos de gobernanza institucional, la calidad de los registros clínicos, la adecuada documentación del acto médico, los sistemas de consentimiento informado, la supervisión organizacional y los programas de capacitación permanente del personal médico y administrativo.
Particular relevancia adquiere la incorporación legislativa de programas verificables de cumplimiento y prevención, los cuales deben incluir mecanismos de identificación de riesgos, estructuras de supervisión, protocolos de actuación y medidas de control orientadas a reducir la ocurrencia de infracciones y fortalecer la cultura institucional de cumplimiento.
La experiencia comparada demuestra que las organizaciones que desarrollan sistemas efectivos de control interno, auditoría preventiva, documentación adecuada y gestión de riesgos se encuentran en mejores condiciones para responder a los desafíos regulatorios y jurídicos propios de su actividad.
Por esta razón, JURISALUD PROTECCIÓN LEGAL entiende que la respuesta adecuada frente al nuevo Código Penal no debe ser el temor ni la incertidumbre, sino la prevención, la organización institucional y la adopción de buenas prácticas de cumplimiento. Las instituciones que desarrollen programas efectivos de control, documentación, supervisión y prevención estarán en mejores condiciones para enfrentar los desafíos derivados del nuevo entorno jurídico.
La prevención médico-legal no debe concebirse exclusivamente como una respuesta frente a conflictos ya materializados. Debe asumirse como una política institucional permanente orientada a fortalecer la seguridad jurídica, proteger a los profesionales de la salud, optimizar los procesos internos y contribuir al mejoramiento continuo de la calidad asistencial.
El nuevo marco legal debe ser interpretado como una oportunidad para revisar procesos, fortalecer estructuras institucionales y promover una cultura organizacional basada en la calidad, la transparencia y la mejora continua.
Más allá de las implicaciones jurídicas inmediatas, la entrada en vigencia de la Ley núm. 74-25 invita a reflexionar sobre la importancia de consolidar instituciones sanitarias cada vez más preparadas, resilientes y comprometidas con la excelencia profesional.
La consolidación de una cultura de prevención, cumplimiento y responsabilidad constituye uno de los principales desafíos de esta nueva etapa. La preparación institucional, la adecuada gestión de riesgos y la capacitación permanente serán factores determinantes para enfrentar exitosamente los retos que plantea el nuevo ordenamiento penal dominicano.
