El Congreso aplazó hasta mayo de 2028 la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Qué decía la ley, qué dice ahora, por qué se acogió la propuesta y qué debe hacer el sector salud con ese tiempo.
Análisis de Pedro Ramón Jiménez Castillo y Togarma Rodríguez Aquino
JURISALUD Protección Legal y Defensa Médico-Legal, S.R.L. · Lectura: 7 minutos
El 5 de noviembre de 2026 vencía el plazo para que clínicas, centros diagnósticos, laboratorios, consultorios constituidos como sociedades y asociaciones médicas quedaran sometidos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas del nuevo Código Penal. Lo hemos reiterado en varias de nuestras publicaciones anteriores. Hoy ya no es una advertencia: es un hecho. Ese mismo día se promulgó la Ley 88-26, que aplaza ese régimen dieciocho meses. Muchos en el sector la han recibido como un alivio. En JURISALUD la leemos de otra forma: es una cuenta regresiva.
Qué decía la ley y qué dice ahora
El Código Penal (Ley 74-25) rige desde el 3 de agosto de 2026, pero la Ley 44-26 había diferido la entrada en vigor de sus artículos 8, 9, 10 y 11, los que regulan la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Su artículo 31 lo hacía «en un plazo de tres meses, a partir del 5 de agosto de 2026». Es decir, el 5 de noviembre, fecha que ya pasó y que ahora queda superada por la Ley 88-26.
La Ley 88-26 modifica ese artículo 31, que ahora dispone que los artículos 8 y 11, modificados por la Ley 44-26, y los artículos 9 y 10 de la Ley 74-25, «por excepción a lo dispuesto en su artículo 393, entrarán en vigencia a los dieciocho meses contados a partir del 5 de noviembre de 2026, que permita que las personas jurídicas se adecúen a lo dispuesto en el Código Penal». Contados esos dieciocho meses, la fecha es el 5 de mayo de 2028. La ley no la menciona expresamente; es el resultado del cálculo.
Cómo se aprobó
– 21 de octubre: el Senado aprobó, con carácter de urgencia, el proyecto del senador Rafael Barón Duluc, que proponía 24 meses.
– 3 de noviembre: la Cámara de Diputados lo aprobó en sesión extraordinaria en San Cristóbal y redujo el plazo a 18 meses.
– 4 de noviembre: el Senado aceptó el cambio, por 26 votos a favor y ninguno en contra, según la prensa.
– 5 de noviembre: la Vicepresidenta de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo, promulgó la ley.
Su artículo 4 establece que entra en vigencia con su promulgación y publicación, una vez transcurridos los plazos del Código Civil.
Por qué se acogió la propuesta
La ley misma da las razones en sus considerandos. Aplicar la responsabilidad penal de las personas jurídicas «requiere la adopción de políticas de prevención, estructuras de dirección y supervisión, programas de cumplimiento, sistemas de documentación, canales de denuncia, mecanismos disciplinarios y procedimientos periódicos de evaluación». Eso exige «un periodo razonable de planificación, formación, ejecución y verificación», particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, las asociaciones sin fines de lucro «y otras organizaciones con capacidades técnicas y económicas limitadas».
Los artículos 8 a 11 «integran un mismo régimen jurídico», por lo que su entrada en vigencia debe mantenerse coordinada «para evitar lagunas, contradicciones o interpretaciones jurídicas fragmentadas». Y corresponde al Estado «promover durante la vacatio legis la capacitación de los operadores del sistema de justicia y facilitar orientación clara a las personas jurídicas».
Fuera del texto, los argumentos vinieron de quienes pidieron el plazo:
– El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) pidió un «plazo razonable para adecuar sus estructuras, políticas y procedimientos internos», y propuso capacitar a los operadores de justicia y definir criterios claros para evaluar los programas de cumplimiento.
– Adesinc, de las empresas de seguridad privada, respaldó los 24 meses con el argumento de una transición con «reglas claras» y apoyo técnico a las firmas con menos recursos.
– En el Congreso, según la prensa, el senador Eugenio Cedeño planteó que el plazo debía ser mayor para las empresas pequeñas, y el senador Charlie Mariotti lo calificó de «un acto de justicia».
El sector salud ante el aplazamiento
En el sector salud, la posición más constante y con argumentos técnicos fue la de ANDECLIP, la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados. Ya en noviembre de 2021, su entonces presidente, el Dr. Rafael Mena, pedía al Senado ser escuchado antes de aprobar una norma que sancionaba a las clínicas por delitos cometidos por terceros. El 18 de junio de 2026 reiteró su posición: pidió doce meses adicionales para el ámbito médico-asistencial, con el fin de elaborar guías y un modelo gremial de cumplimiento médico-legal. Lo fundamentó en la obligación de medios que rige el acto médico, en el riesgo de clausurar centros que atienden emergencias y en el peligro de la medicina defensiva.
No fue una posición libre de crítica. El abogado José Lorenzo Fermín la calificó de errónea, sostuvo que una exención sectorial violaría la igualdad ante la ley y recordó que la clínica solo responde si se prueba que no previno el delito. La Ley 88-26 siguió el camino general: un solo plazo, de dieciocho meses, para todas las personas jurídicas.
En la información pública que revisamos sobre la propuesta de ampliar el plazo, no encontramos pronunciamientos de otras organizaciones del sector salud, como el Colegio Médico Dominicano. Desde JURISALUD creemos que era una oportunidad para que el sector, que comparte el mismo riesgo, fijara posiciones conjuntas y de solidaridad ante la opinión pública: quien habla unido se hace sentir más.
Esa oportunidad no se cierra con la Ley 88-26. Los dieciocho meses son el tiempo para construir lo que ANDECLIP propuso: guías claras y un modelo de cumplimiento médico-legal propio del sector.
Lo que la ley NO cambia
Este es el punto que menos se está explicando. El considerando tercero dice que el diferimiento «no afecta la vigencia del resto del Código Penal ni la responsabilidad penal de las personas físicas».
Traducido a un centro de salud: el médico, el odontólogo, la enfermera, el director médico y el administrador siguen respondiendo penalmente, a título personal, desde el 3 de agosto. Lo único que se pospone es que la institución pueda ser imputada como tal. Y cuando eso ocurra, la responsabilidad del centro y la de las personas físicas serán compartidas e independientes: una no excluye la otra.
Los retos que siguen abiertos
El plazo resuelve el calendario, no el fondo. Los especialistas citados por la prensa señalan, entre otros:
– Ambigüedad. El consultor Babaji Cruz Peñaló advierte que, sin precisiones, el país podría enfrentar otra prórroga. Pide una lista cerrada de los delitos que generan responsabilidad corporativa y armonizar el Código con los regímenes especiales.
– Eficacia sin criterio claro. No hay criterios definidos para decidir cuándo un programa de cumplimiento es eficaz. Su frase: «El tiempo no es el problema. El problema es que lleguemos igual: sin prepararnos ni ocuparnos».
– Capacidad del sistema de justicia. Jueces, fiscales y demás operadores necesitan formación y criterios uniformes.
– Publicación oficial. Falta confirmar la Gaceta Oficial en que se publique la ley.
Dieciocho meses no es mucho tiempo
Un programa de cumplimiento penal que pretenda ser valorado por un juez no se improvisa. El artículo 8 reformado exige, entre otros elementos, código de conducta, mapa de riesgos, medidas de control, formación continua, un órgano de supervisión, protocolo disciplinario, canales de denuncia, procedimientos de investigación interna y trazabilidad documental. Y solo reconoce efecto atenuante a un programa real y eficaz, no a un documento archivado.
La eficacia se demuestra con historia: registros de capacitación, actas de supervisión, incidentes gestionados, correcciones aplicadas. Una institución que empiece a construir su programa en abril de 2028 llegará con papeles, pero sin evidencia. Quien empiece ahora llegará con año y medio de cumplimiento demostrable.
Para el sector salud, parte de esa evidencia ya la conocen: la historia clínica y el consentimiento informado que vimos en nuestras columnas. Un expediente completo y un consentimiento que describa el procedimiento y sus riesgos son, a la vez, prueba civil, defensa disciplinaria y parte de la demostración de que la dirección organiza y supervisa.
Cinco preguntas para esta semana
1. ¿Conoce nuestra institución cuáles son sus riesgos penales concretos, por servicio, por proceso y por cargo?
2. ¿Si mañana ocurriera un evento adverso centinela, podríamos demostrar documentalmente que la organización hizo lo que le correspondía?
3. ¿Tienen nuestros médicos y directivos claro que su responsabilidad personal ya está vigente, con o sin Ley 88-26?
4. ¿Quién en el centro es responsable de supervisar el cumplimiento, y a quién reporta?
5. ¿Qué evidencia de cumplimiento podríamos mostrar hoy, y cuál empezaríamos a acumular desde este lunes?
La posición de JURISALUD
La Ley 88-26 es una decisión razonable del legislador, coherente con la seguridad jurídica y con la realidad de las instituciones de menor tamaño. Pero no es una amnistía ni una suspensión del Código Penal. Es una ventana de adecuación con fecha de cierre: el 5 de mayo de 2028.
Las instituciones de salud que la aprovechen para identificar sus riesgos y construir un sistema de prevención eficaz no solo estarán protegidas cuando el régimen entre en vigor: estarán protegiendo desde ya a sus médicos, a su personal y a sus pacientes. Las que esperen, llegarán tarde.
Si desea conocer en qué punto se encuentra su centro y cómo ordenar el camino, JURISALUD pone a su disposición una conversación inicial para orientarlo.
“Seguridad para ejercer, tranquilidad para cuidar.”
Este análisis es de JURISALUD Protección Legal y Defensa Médico-Legal, S.R.L. y sus opiniones no representan necesariamente la posición de DiarioSalud.
Las referencias legales y las interpretaciones deben contrastarse con los textos oficiales antes de utilizarse como referencia jurídica.
Fuentes
Ley 88-26 (5/11/2026); Ley 44-26, art. 31 (G.O. 11254); Ley 74-25, arts. 8 a 11; elDinero, 5/11/2026 (Cruz Peñaló) y 5/10/2026 (Adesinc); Revista Mercado (Conep; cronología); Diario Libre, 5/11/2026 y 18/11/2021 (ANDECLIP); El Día, 18/06/2026 (ANDECLIP); Diario de Salud, 18/06/2026; Acento, 24/06/2026 (Fermín).
