La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax (SDNCT) expresó su profunda preocupación por las posibles implicaciones de la aplicación de la Ley núm. 74-25, correspondiente al nuevo Código Penal de la República Dominicana.
A través de un comunicado, la entidad advierte que la nueva normativa genera un escenario de alerta en especialidades que atienden pacientes en condiciones críticas, complejas y de alto riesgo, particularmente en las áreas de neumología, medicina respiratoria, medicina crítica y cirugía torácica.
En este sentido, la SDNCT aunque reconoce la necesidad de una legislación penal actualizada, advierte que su aplicación en el ámbito sanitario debe regirse por criterios técnicos, proporcionales y razonables.
En ese sentido, el gremio advirtió que debe evitarse la criminalización del ejercicio médico en casos de complicaciones clínicas inevitables, errores no dolosos o decisiones adoptadas conforme a protocolos, la ética profesional y las buenas prácticas médicas.
“Se debe evitar que el ejercicio de la medicina sea criminalizado cuando se trate de complicaciones clínicas inevitables, errores no dolosos o decisiones tomadas conforme a los protocolos, la ética profesional y las buenas prácticas médicas”, señala el documento.
La entidad explicó que especialidades como la neumología y la cirugía torácica enfrentan a diario patologías de alta complejidad, como insuficiencia respiratoria, crisis asmáticas graves, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cáncer de pulmón y neumonías severas.
Asimismo, recordó que procedimientos invasivos, ventilación mecánica, emergencias respiratorias y cirugías torácicas complejas implican riesgos inherentes, donde pueden producirse desenlaces adversos aun cuando el profesional actúe con diligencia, preparación científica y apego estricto a los protocolos.
La SDNCT manifestó su respaldo a la acción de inconstitucionalidad presentada por el Colegio Médico Dominicano (CMD), así como a cualquier iniciativa institucional orientada a garantizar la seguridad jurídica de los profesionales de la salud, sin desatender el derecho de los pacientes a recibir atención segura, ética y de calidad.
La sociedad médica sostuvo que el ejercicio de la medicina no puede desarrollarse bajo un estado permanente de temor a la persecución penal. Aunque reconoció que los médicos deben responder ante la justicia cuando exista negligencia, imprudencia o dolo, advirtió que no deben confundirse las complicaciones propias del riesgo clínico con conductas criminales.
Finalmente, la entidad hizo un llamado a las autoridades legislativas, judiciales y sanitarias para establecer criterios claros que permitan diferenciar entre error clínico o complicación inevitable, mala práctica de carácter civil o administrativo, y conducta penalmente reprochable.
El gremio concluyó que esta delimitación es esencial para proteger tanto los derechos de los pacientes como la seguridad jurídica y el ejercicio responsable de la medicina en la República Dominicana.
