El Colegio Médico Dominicano (CMD) fijó su posición ante el caso SeNaSa 2.0 y defendió el respeto a las garantías constitucionales de las personas imputadas, así como la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial.
El gremio aclaró que no respalda, promueve, ampara ni encubre acciones contrarias a la ley. Sin embargo, insistió en que ninguna persona debe ser considerada culpable antes de que concluya el proceso judicial y se determinen las responsabilidades correspondientes.
CMD dará seguimiento al proceso judicial
El doctor Luis Peña Núñez, presidente del CMD, explicó durante una rueda de prensa que el gremio dará estricto seguimiento al desarrollo del proceso para verificar que se respeten los procedimientos legales y los derechos de los profesionales involucrados.
“Nuestra actuación se limitará de forma exclusiva a vigilar el proceso judicial, para que este se desarrolle en estricto apego a las leyes, observando el cumplimiento de las garantías constitucionales que amparan a todo ciudadano en el territorio nacional”, sostuvo.
El dirigente señaló que corresponde exclusivamente al Ministerio Público y al Poder Judicial las investigaciones de los procesos judiciales y el establecimiento de probables responsabilidades sobre los hechos imputados.
“Nuestro centenario gremio respeta de manera irrestricta la independencia de la justicia y no respalda, promueve ni ampara ninguna violación a las leyes”, expresó.
CMD desconoce los nombres de los médicos imputados
Peña Núñez indicó que el CMD desconoce quiénes son los médicos presuntamente involucrados, debido a que el Ministerio Público todavía no habría presentado formalmente la acusación.
Asimismo, mencionó que las informaciones preliminares sitúan entre 30 y 33 el número de personas imputadas, aunque aclaró que la cifra debe confirmarse mediante documentos oficiales.
El CMD defiende la presunción de inocencia
El presidente del CMD señaló que las personas vinculadas al caso deben ser consideradas bajo el principio de presunción de inocencia hasta que concluya el proceso judicial y se establezcan las responsabilidades correspondientes.
En ese sentido, sostuvo que la determinación de los hechos y de las posibles responsabilidades corresponde a las autoridades judiciales competentes.
El gremio reiteró que no tiene facultad para determinar la culpabilidad o inocencia de los investigados, pero sí puede acompañar a los médicos y velar por el respeto de sus derechos profesionales.
