Ante las denuncias públicas surgidas en torno al manejo de los fondos del Colegio Médico Dominicano (CMD), el Gran Bloque Unitario planteó la necesidad de actuar con transparencia y responsabilidad institucional para preservar la confianza de los médicos y de la sociedad.
En ese contexto, se solicitó la realización de una auditoría exhaustiva e independiente de las últimas gestiones administrativas y financieras de la entidad, con el propósito de esclarecer el manejo de los recursos económicos que pertenecen al gremio médico.
La entidad destacó que la credibilidad del principal órgano de representación de los médicos dominicanos debe mantenerse intacta. Asimismo, se destacó que el CMD cuenta con más de 130 años de historia institucional sin haberse visto envuelto anteriormente en una situación similar, por lo que se considera fundamental que los hechos sean aclarados de manera objetiva y transparente.
“No podemos permitir que los médicos perdamos la confianza en el único instrumento de representación y defensa que poseemos”, destacó.
Además, se solicitó formalmente que la auditoría sea realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, debido a que la institución recibe recursos provenientes tanto del Estado como de las cuotas aportadas por los médicos colegiados. Según se indicó, esta medida contribuiría a garantizar la independencia, credibilidad y legitimidad del proceso.
“La transparencia, la rendición de cuentas y el uso adecuado de los recursos fueron señalados como principios esenciales para una institución que representa a miles de profesionales de la salud y administra fondos de interés colectivo”, agregó.
Como parte de las propuestas, también sugirió que los pasados presidentes del CMD participen como veedores y garantes del proceso, con el fin de fortalecer la confianza en los resultados que puedan derivarse de la auditoría.
De igual manera, se hizo un llamado a las autoridades competentes para que, en caso de comprobarse irregularidades o responsabilidades individuales, se realicen los sometimientos correspondientes y se aplique el régimen de consecuencias establecido en las leyes dominicanas.
“Los médicos merecen respuestas claras, informes verificables y la garantía de que los recursos administrados en su nombre hayan sido manejados con honestidad, eficiencia y apego a las normas”, concluyó.
