La Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF) y la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI) expresaron su preocupación por una disposición del Servicio Nacional de Salud (SNS) que establece que los hospitales públicos deben adquirir el 80 % de sus medicamentos e insumos a través del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL) y del Laboratorio Químico Dominicano (LABOQUIDOM).
Las organizaciones señalaron que previamente remitieron una comunicación formal al SNS con observaciones sobre la medida y una propuesta de diálogo técnico, sin recibir respuesta, según indicaron.
Sector farmacéutico plantea observaciones a la medida
La disposición contempla dos canales de adquisición. Uno es PROMESE/CAL, programa estatal de medicamentos esenciales que realiza procesos de licitación abiertos a distintos oferentes. El segundo es LABOQUIDOM, empresa fabricante y comercializadora de medicamentos en cuyo capital el Estado dominicano mantiene participación mayoritaria y que, de acuerdo con las asociaciones, participa en el mismo mercado que otros laboratorios y representantes de medicamentos.
ARAPF e INFADOMI manifestaron que valoran el objetivo de mejorar la eficiencia y generar ahorros en el gasto público. Sin embargo, consideran que la aplicación de la medida en su forma actual podría generar riesgos para el abastecimiento oportuno de los centros de salud, además de afectar la competencia y la participación de la industria farmacéutica nacional en las compras públicas.
Advierten sobre capacidad de respuesta ante faltantes
Las Asociaciones advierten que esta rigidez podría dejar a los hospitales sin capacidad de reacción cuando falten medicamentos, que se produzcan retrasos en las entregas o que surjan necesidades urgentes.
Además, expresan que al designar a LABOQUIDOM como canal obligatorio de adquisición, la disposición le asegura una porción de la demanda pública sin competir por ella, mientras el resto de los proveedores debe ganarla en un proceso de licitación.
José Ricardo Leroux, presidente de ARAPF, afirmó que la organización no cuestiona la centralización de las compras públicas como mecanismo para obtener mejores precios, sino la rigidez de la disposición y la ausencia de excepciones que permitan recurrir a otros proveedores cuando sea necesario.
“En salud, el precio más bajo no sirve de nada si el medicamento no llega a tiempo al paciente que lo necesita. Estamos pidiendo al SNS que revise esta disposición y que establezca excepciones claras para garantizar que los hospitales puedan acudir a otros proveedores cuando sea necesario”, señaló Leroux.
INFADOMI cuestiona condiciones de competencia
De su lado, Patricia Mena Sturla, presidenta ejecutiva de INFADOMI, manifestó preocupación por la participación de LABOQUIDOM en el esquema establecido para las compras públicas.
“Lo que pedimos es sencillo: que compita en igualdad de condiciones, con las mismas reglas y los mismos requisitos que se le exigen a cualquiera”, expresó.
Mena Sturla sostuvo que la disposición modificaría la modalidad mediante la cual los laboratorios nacionales comercializan directamente medicamentos con los hospitales públicos, al establecer que las adquisiciones se canalicen a través de PROMESE/CAL y LABOQUIDOM.
La ejecutiva afirmó que esta modificación podría reducir la participación de fabricantes nacionales en las compras del Estado y, según la posición expresada por INFADOMI, generar efectos sobre el empleo formal, la recaudación fiscal y la capacidad instalada de producción farmacéutica en el país.
Fuente: ARAPF e INFADOMI. Información adaptada a la redacción de DiarioSalud.
Foto: Archivo/DiarioSalud.
