Por Pedro Ramón Jiménez Castillo y Togarma Rodríguez Aquino, JURISALUD Protección Legal y Defensa Médico-Legal, S.R.L.
El contrato de hospitalización es uno de los actos jurídicos más frecuentes y, a la vez, menos estudiados del derecho dominicano. Cada día miles de personas ingresan a clínicas y hospitales sin firmar más que un formulario de admisión, un consentimiento informado y, con frecuencia, un pagaré o un depósito de garantía. Detrás de esos papeles existe un contrato complejo que genera obligaciones precisas para ambas partes.
Este artículo analiza su concepto, su naturaleza jurídica, el marco normativo que lo rige, las obligaciones de las partes y el régimen de responsabilidad civil aplicable. Cierra con los problemas prácticos más frecuentes en la realidad dominicana.
Concepto y naturaleza jurídica
El contrato de hospitalización es el acuerdo por el cual un establecimiento de salud se obliga a recibir a un paciente, alojarlo, prestarle cuidados de enfermería y asistencia clínica, y garantizar su seguridad durante la estancia, a cambio de un precio. El precio lo paga el paciente, un tercero en su nombre o una Administradora de Riesgos de Salud (ARS).
El Código Civil dominicano no regula este contrato de manera expresa. Se trata de un contrato innominado o atípico, que se rige por las reglas generales de las obligaciones (artículos 1101 y siguientes) y por la legislación sanitaria especial. Su contenido combina prestaciones de distintos contratos típicos:
- Hospedaje: habitación, alimentación, higiene.
- Arrendamiento de servicios: cuidados de enfermería, exámenes, uso de quirófanos y equipos.
- Depósito: custodia de los bienes del paciente.
- Seguridad: protección de la integridad física del paciente mientras está bajo el control del centro.
La doctrina mayoritaria, siguiendo la tradición francesa de la que proviene nuestro Código Civil, rechaza dividirlo en contratos separados. Se considera un contrato único con una causa unitaria: la atención integral del paciente.
Este contrato se caracteriza por lo siguiente:
- Bilateral o sinalagmático, lo que quiere decir que genera obligaciones de ambas partes.
- Oneroso, porque genera un costo, incluso en los hospitales públicos, donde el costo lo cubre el Estado o el sistema de seguridad social.
- Consensual, ya que se perfecciona con el acuerdo, aunque en la práctica se documente por escrito.
- De adhesión, pues el paciente acepta condiciones predispuestas por el centro, lo que activa la protección contra cláusulas abusivas.
- De tracto sucesivo, dado que sus prestaciones se extienden durante toda la estancia.
- Intuitu personae respecto del paciente, cuya persona y estado de salud determinan el contenido de la prestación.
Contrato de hospitalización y contrato médico
Es indispensable distinguirel contrato de hospitalización del contrato médico. Pueden darse dos modalidades:
- Contrato hospitalario integral: el centro asume tanto el alojamiento como la atención médica, prestada por médicos que actúan como sus dependientes. El paciente tiene un solo deudor, y es la clínica.
- Contrato hospitalario disociado: el paciente elige a su médico, quien ejerce de forma independiente y solo usa las instalaciones del centro. Aquí coexisten dos contratos: uno con el médico (acto médico) y otro con la clínica (hospitalización propiamente dicha).
Esta distinción determina quién responde por cada daño, como se verá más adelante.
Marco normativo dominicano
A falta de una regulación específica, el contrato de hospitalización se integra con normas de distinto rango:
| Norma | Aporte al contrato de hospitalización |
|---|---|
| Constitución de la República | Derecho a la salud (art. 61), dignidad humana (art. 38), intimidad (art. 44) y protección de consumidores y usuarios (art. 53). |
| Código Civil | Fuerza obligatoria del contrato (art. 1134), buena fe e integración (art. 1135), responsabilidad por inejecución (art. 1147) y responsabilidad por hecho ajeno (art. 1384). |
| Ley 42-01, General de Salud | Derechos de los pacientes: información, consentimiento informado, confidencialidad y trato digno; habilitación de establecimientos. |
| Ley 87-01, Sistema Dominicano de Seguridad Social | Relación entre prestadores de servicios de salud, ARS y afiliados; cobertura del Plan Básico de Salud. |
| Ley 123-15, Servicio Nacional de Salud | Organización de la red pública de hospitales. |
| Ley 358-05, Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario | Información veraz, prohibición de cláusulas abusivas y de prácticas comerciales desleales en contratos de adhesión. |
| Ley 172-13, Protección de Datos Personales | Tratamiento de la historia clínica y de los datos de salud como datos sensibles. |
A estas normas se suman los reglamentos del Ministerio de Salud Pública sobre habilitación de establecimientos, las resoluciones de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y los códigos de ética médica.
La consecuencia práctica es clara, pues el contenido del contrato no se limita a lo firmado. Por el artículo 1135 del Código Civil, obliga también a todo lo que la equidad, el uso o la ley atribuyen a la obligación según su naturaleza. Así, los deberes de seguridad, información y confidencialidad se incorporan al contrato aunque el formulario de ingreso no los mencione.
Obligaciones del establecimiento de salud
El centro médico asume un conjunto de obligaciones principales y accesorias. Su intensidad varía, pues algunas son de medios y otras de resultado. A continuación detallamos las principales.
1. Obligación de alojamiento y hotelería: Incluye habitación en condiciones de higiene, alimentación adecuada a la dieta prescrita, ropa de cama y servicios básicos. Es una obligación de resultado, basta probar que no se cumplió para que surja la responsabilidad.
2. Obligación de asistencia y cuidados: Comprende los cuidados de enfermería, la administración correcta de medicamentos, la vigilancia del paciente y la ejecución de las órdenes médicas. Por regla general es una obligación de medios, por lo que el centro debe actuar con la diligencia de un establecimiento prudente, sin garantizar la curación; sin embargo, ciertos actos técnicos de ejecución simple (administrar el medicamento correcto, en la dosis correcta, al paciente correcto) se acercan a una obligación de resultado. Un error en ellos difícilmente puede justificarse.
3.Obligación de seguridad: Es la obligación más relevante en la práctica. El centro debe preservar la integridad física del paciente frente a riesgos derivados de sus instalaciones, equipos y organización. Incluye prevenir caídas, fugas de pacientes con alteraciones mentales, fallas de equipos y, en la tendencia doctrinal más reciente, infecciones asociadas a la atención. Respecto de los equipos y productos sanitarios, la doctrina se inclina por considerarla de resultado. Respecto de las infecciones intrahospitalarias, el debate sigue abierto: una posición exige al centro probar que adoptó todas las medidas de asepsia; otra, más estricta, lo hace responsable salvo causa extraña.
4. Obligación de información: El centro debe informar al paciente sobre las condiciones del servicio, los costos estimados, las normas internas y, en coordinación con el médico, sobre su estado de salud. La Ley 42-01 reconoce el derecho del paciente a recibir información comprensible y a otorgar o negar su consentimiento. La Ley 358-05 añade el deber de informar con veracidad el precio de los servicios.
5. Obligación de custodia: El centro responde por los objetos que el paciente ingresa, en especial cuando se encuentra inconsciente o incapacitado.
6. Obligación de confidencialidad: La historia clínica y toda información sobre el paciente están protegidas por el secreto profesional, el derecho a la intimidad y la Ley 172-13. Su divulgación indebida genera responsabilidad civil y, eventualmente, penal.
7. Obligación de atención de emergencia: La legislación sanitaria dominicana impone a los establecimientos el deber de prestar atención de emergencia sin condicionarla al pago previo. Esta obligación tiene carácter de orden público y limita la libertad contractual del centro.
Continuará…
Nota editorial: El presente artículo corresponde a un análisis jurídico elaborado por JURISALUD Protección Legal y Defensa Médico-Legal, S.R.L. Las opiniones, interpretaciones y conclusiones expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de DiarioSalud.
Nota metodológica
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